La investigación revela que el PP ingresó durante 20 años donaciones por encima de lo permitido
La contabilidad interna que el PP ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional registra todos los ingresos, salvo uno, por donaciones empresariales que recogió el extesorero Luis Bárcenas en los cuadernos manuscritos que llevó durante 20 años de vida del partido. Esta es una nueva prueba, de las más relevantes hasta ahora, que apuntala la consistencia y veracidad de los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS el 31 de enero y en días sucesivos, y que reflejan la existencia de una lista de ingresos de empresas y pagos para dirigentes y otros gastos entre los años 1990 y 2008. Esta prueba se suma a los informes caligráficos que acreditan que la letra que figura en los papeles es la del extesorero.
El PP no facilitó anoche ninguna explicación sobre esta coincidencia de datos en la investigación.
Las pesquisas judiciales han cruzado ya los datos de los papeles de Bárcenas con la información oficial que ha suministrado el PP y ha encontrado que esos ingresos que efectuaban las empresas y que el extesorero apuntaba a mano luego se trasladaban a la contabilidad del partido. En ese cruce de datos, los investigadores han comprobado que las cantidades y fechas del capítulo de ingresos en los cuadernos de Bárcenas coinciden con las reflejadas en las cuentas del PP remitidas al órgano judicial. También hay partidas reflejadas en las cuentas del PP en una fecha determinada que son la suma exacta de varias cantidades recogidas por Bárcenas en su cuaderno en torno a las mismas fechas. Según fuentes de la investigación policial y judicial, estas pesquisas se van a traducir en un informe que será incorporado a las diligencias que tramita el juez Pablo Ruz.
Las anotaciones manuscritas por Bárcenas, publicadas por EL PAÍS, mostraban que más de una decena de empresas y empresarios donaron alrededor de siete millones de euros entre los años 1990 y 1993 y 1996 y 2008. Muchas de las donaciones superaban los 60.000 euros (más del 70%), por lo que estaban por encima de lo permitido por la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Los principales empresarios que figuran ahí como donantes negaron a EL PAÍS haber dado esas cantidades al PP. Los dirigentes del PP también rechazaron que la mayoría de los apuntes de los cuadernos manuscritos de Bárcenas correspondieran a ingresos o gastos realizados por esa formación.
Los donativos que Bárcenas fue registrando en esa contabilidad secreta no hubieran podido entregarse por vías oficiales, dado que su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos, lo que apunta a una supuesta financiación ilegal que está investigando el juez Pablo Ruz en una pieza separada del caso Gürtel.
Los siete millones de euros que registró Bárcenas en su contabilidad se saltan esas dos prohibiciones. Hay ingresos de una sola vez de 250.000 euros y de una persona en un año de 400.000 euros. En más de 30 ocasiones se superó el límite legal, que subió a 100.000 euros desde 2007. Esos pagos ilegales figuran a nombre de empresas y empresarios de la construcción, que contratan habitualmente con la Administración.
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, son los empresarios más conocidos de la lista de Bárcenas. Ambos han negado a EL PAÍS las aportaciones de 530.000 euros y hasta 480.000 euros que se les atribuyen y Del Rivero demandó a EL PAÍS por publicar su nombre. Aunque no son estos dos empresarios los que figuran como principales financiadores de la caja de Bárcenas. La persona a la que se atribuye un mayor volumen de donativos e ingresos es José Luis Sánchez (a veces figura con su nombre completo y otras como J. L. Sánchez o José Luis). En cinco años aparecen bajo esa denominación, que puede corresponder al promotor malagueño José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando, 1,15 millones de euros. Sando señaló en un comunicado que “ni el señor Sánchez Domínguez, ni representante alguno de Sando ha entregado cantidad alguna al PP ni a Bárcenas”.
A nombre de Manuel Contreras o M. Contreras figuran ingresos por importe de cerca de un millón de euros. Manuel Contreras Caro sucedió a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la presidencia de AZVI, una empresa familiar andaluza de larga tradición. Otros ingresos de implicados en la trama Gürtel, como Pablo Crespo (número dos de la trama y exsecretario de organización del PP gallego), Juan Cotino (de Sedesa) o Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica) también superan el límite legal.
La sanción por aceptar donativos que superen los máximos legales o de procedencia prohibida era, con la ley vigente hasta 2007, una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente recibida. Además, aquella ley exigía que todas las donaciones privadas se abonasen “exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán los procedentes de las mismas”. En los papeles de Bárcenas esas aportaciones parecen en efectivo.
En los mejores momentos, la caja de Bárcenas llegó a registrar un saldo superior a los 900.000 euros. Los registros muestran que cuando tras los pagos registrados a la cúpula o destinados a otros gastos del partido quedaba un remanente importante en caja, este se iba ingresando en la cuenta de donativos que el PP tenía en el Banco de Vitoria (luego absorbido por Banesto), con una oficina cerca de la sede central del PP. La ley obliga, en lo que respecta a donaciones a partidos, que se ingresen en una cuenta específica, en aras de la transparencia. En la contabilidad manuscrita de Bárcenas figuran 13 ingresos en dicha cuenta por un montante total de 1,2 millones de euros, cuando lo que el partido recibió, según los apuntes del extesorero, superó los siete millones.
La investigación judicial también va a solicitar a Banesto información sobre esos ingresos para verificar si se produjeron y si las cantidades se corresponden con la de los cuadernos y con la interna del partido.
Hasta el momento, la investigación ha acreditado que en los datos remitidos por el PP al Tribunal de Cuentas figuraban al menos cuatro apuntes de donaciones que coincidían con ingresos hechos por empresarios vinculados al caso Gürtel que habían acabado en poder del extesorero. En su declaración ante el juez Ruz, Bárcenas aportó un documento según el cual el partido había comunicado al Tribunal de Cuentas la recepción de 33 millones de euros en donativos entre 1990 y hasta 2008.
Los máximos responsables del Tribunal de Cuentas suelen denunciar que se limitan a fiscalizar los datos muy generales que les proporcionan los propios partidos y que no tienen más capacidad de investigación. Las últimas cuentas fiscalizadas corresponden a 2007. En su última comparecencia en febrero ante el Congreso, el actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, precisó que a partir de ahora sí van a acceder a la información que antes le denegaba el Banco de España “en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos políticos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan los partidos a lo largo y ancho del territorio nacional”. Y recordó que ahora el tribunal todavía no tiene “acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social”.
El juez Javier Gómez Bermúdez, que abrió una investigación a raíz de una querella presentada por IU, llegó a citar como imputados a los empresarios que supuestamente habían donado dinero al partido según la contabilidad manuscrita que llevaba Bárcenas. La Audiencia Nacional decidió que Gómez Bermúdez no era competente para continuar con la investigación y que el caso debía seguirse en el juzgado de Pablo Ruz, instructor de Gürtel.
El PAÍS ha pedido reiteradamente al PP, tras la publicación de los cuadernos, que le facilitara sus cuentas oficiales o internas para cotejarlas con los papeles de Bárcenas. La petición no fue atendida y el PP se limitó a negar su veracidad, aunque admitió alguna coincidencia. Entre los investigadores del caso Bárcenas —una ramificación de la trama Gürtel con la que el juez Ruz ha abierto una pieza separada— existe el convencimiento de que los papeles de Bárcenas son veraces y reflejan una contabilidad opaca y paralela con grandes coincidencias con la oficial. Lo que no aseguran es si esos hechos acabarán o no en un juicio, ya que el principal delito que se indaga, el fiscal, podría estar prescrito.
Fuente: elpais.es
El PP no facilitó anoche ninguna explicación sobre esta coincidencia de datos en la investigación.
Las pesquisas judiciales han cruzado ya los datos de los papeles de Bárcenas con la información oficial que ha suministrado el PP y ha encontrado que esos ingresos que efectuaban las empresas y que el extesorero apuntaba a mano luego se trasladaban a la contabilidad del partido. En ese cruce de datos, los investigadores han comprobado que las cantidades y fechas del capítulo de ingresos en los cuadernos de Bárcenas coinciden con las reflejadas en las cuentas del PP remitidas al órgano judicial. También hay partidas reflejadas en las cuentas del PP en una fecha determinada que son la suma exacta de varias cantidades recogidas por Bárcenas en su cuaderno en torno a las mismas fechas. Según fuentes de la investigación policial y judicial, estas pesquisas se van a traducir en un informe que será incorporado a las diligencias que tramita el juez Pablo Ruz.
Las anotaciones manuscritas por Bárcenas, publicadas por EL PAÍS, mostraban que más de una decena de empresas y empresarios donaron alrededor de siete millones de euros entre los años 1990 y 1993 y 1996 y 2008. Muchas de las donaciones superaban los 60.000 euros (más del 70%), por lo que estaban por encima de lo permitido por la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Los principales empresarios que figuran ahí como donantes negaron a EL PAÍS haber dado esas cantidades al PP. Los dirigentes del PP también rechazaron que la mayoría de los apuntes de los cuadernos manuscritos de Bárcenas correspondieran a ingresos o gastos realizados por esa formación.
Los donativos que Bárcenas fue registrando en esa contabilidad secreta no hubieran podido entregarse por vías oficiales, dado que su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos, lo que apunta a una supuesta financiación ilegal que está investigando el juez Pablo Ruz en una pieza separada del caso Gürtel.
La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año”. Y añadía: también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, y Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, son los empresarios más conocidos de la lista de Bárcenas. Ambos han negado a EL PAÍS las aportaciones de 530.000 euros y hasta 480.000 euros que se les atribuyen y Del Rivero demandó a EL PAÍS por publicar su nombre. Aunque no son estos dos empresarios los que figuran como principales financiadores de la caja de Bárcenas. La persona a la que se atribuye un mayor volumen de donativos e ingresos es José Luis Sánchez (a veces figura con su nombre completo y otras como J. L. Sánchez o José Luis). En cinco años aparecen bajo esa denominación, que puede corresponder al promotor malagueño José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando, 1,15 millones de euros. Sando señaló en un comunicado que “ni el señor Sánchez Domínguez, ni representante alguno de Sando ha entregado cantidad alguna al PP ni a Bárcenas”.
A nombre de Manuel Contreras o M. Contreras figuran ingresos por importe de cerca de un millón de euros. Manuel Contreras Caro sucedió a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la presidencia de AZVI, una empresa familiar andaluza de larga tradición. Otros ingresos de implicados en la trama Gürtel, como Pablo Crespo (número dos de la trama y exsecretario de organización del PP gallego), Juan Cotino (de Sedesa) o Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica) también superan el límite legal.
La sanción por aceptar donativos que superen los máximos legales o de procedencia prohibida era, con la ley vigente hasta 2007, una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente recibida. Además, aquella ley exigía que todas las donaciones privadas se abonasen “exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán los procedentes de las mismas”. En los papeles de Bárcenas esas aportaciones parecen en efectivo.
En los mejores momentos, la caja de Bárcenas llegó a registrar un saldo superior a los 900.000 euros. Los registros muestran que cuando tras los pagos registrados a la cúpula o destinados a otros gastos del partido quedaba un remanente importante en caja, este se iba ingresando en la cuenta de donativos que el PP tenía en el Banco de Vitoria (luego absorbido por Banesto), con una oficina cerca de la sede central del PP. La ley obliga, en lo que respecta a donaciones a partidos, que se ingresen en una cuenta específica, en aras de la transparencia. En la contabilidad manuscrita de Bárcenas figuran 13 ingresos en dicha cuenta por un montante total de 1,2 millones de euros, cuando lo que el partido recibió, según los apuntes del extesorero, superó los siete millones.
La investigación judicial también va a solicitar a Banesto información sobre esos ingresos para verificar si se produjeron y si las cantidades se corresponden con la de los cuadernos y con la interna del partido.
Hasta el momento, la investigación ha acreditado que en los datos remitidos por el PP al Tribunal de Cuentas figuraban al menos cuatro apuntes de donaciones que coincidían con ingresos hechos por empresarios vinculados al caso Gürtel que habían acabado en poder del extesorero. En su declaración ante el juez Ruz, Bárcenas aportó un documento según el cual el partido había comunicado al Tribunal de Cuentas la recepción de 33 millones de euros en donativos entre 1990 y hasta 2008.
Los máximos responsables del Tribunal de Cuentas suelen denunciar que se limitan a fiscalizar los datos muy generales que les proporcionan los propios partidos y que no tienen más capacidad de investigación. Las últimas cuentas fiscalizadas corresponden a 2007. En su última comparecencia en febrero ante el Congreso, el actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, precisó que a partir de ahora sí van a acceder a la información que antes le denegaba el Banco de España “en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos políticos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan los partidos a lo largo y ancho del territorio nacional”. Y recordó que ahora el tribunal todavía no tiene “acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social”.
El juez Javier Gómez Bermúdez, que abrió una investigación a raíz de una querella presentada por IU, llegó a citar como imputados a los empresarios que supuestamente habían donado dinero al partido según la contabilidad manuscrita que llevaba Bárcenas. La Audiencia Nacional decidió que Gómez Bermúdez no era competente para continuar con la investigación y que el caso debía seguirse en el juzgado de Pablo Ruz, instructor de Gürtel.
El PAÍS ha pedido reiteradamente al PP, tras la publicación de los cuadernos, que le facilitara sus cuentas oficiales o internas para cotejarlas con los papeles de Bárcenas. La petición no fue atendida y el PP se limitó a negar su veracidad, aunque admitió alguna coincidencia. Entre los investigadores del caso Bárcenas —una ramificación de la trama Gürtel con la que el juez Ruz ha abierto una pieza separada— existe el convencimiento de que los papeles de Bárcenas son veraces y reflejan una contabilidad opaca y paralela con grandes coincidencias con la oficial. Lo que no aseguran es si esos hechos acabarán o no en un juicio, ya que el principal delito que se indaga, el fiscal, podría estar prescrito.
Fuente: elpais.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario